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miércoles, 26 de abril de 2017
sábado, 22 de abril de 2017
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Momento de una CONCENTRACIÓN a las puertas de la Subdelegación de Defensa
Momento de una CONCENTRACIÓN a las puertas de la Subdelegación de Defensa, en Paseo Carlos III de Cádiz, por el incumplimiento en el abono de los salarios con los VIGILANTES DE SEGURIDAD dependientes de este organismo. No faltes, mañana puedes ser tú.!!
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martes, 18 de abril de 2017
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CONCENTRACIÓN DE VIGILANTES DE SEGURIDAD
El próximo jueves 20 de Abril de 2017, desde las 11:00 horas y hasta las 13:00 horas realizaremos una CONCENTRACIÓN a las puertas de la Subdelegación de Defensa, en Paseo Carlos III de Cádiz, por el incumplimiento en el abono de los salarios con los VIGILANTES DE SEGURIDAD dependientes de este organismo. No faltes, mañana puedes ser tú.!!
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lunes, 17 de abril de 2017
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CARTA DE AGRADECIMIENTO
Fue el pasado martes 28 de marzo a las 1:45 h de la madrugada ,estando de servicio con mi compañero circulando en el coche patrulla de la empresa de seguridad en la que trabajo, yendo por la Autovía San Fernando-Cádiz, frente al Ventorrillo “El Chato”, tranquilamente, de pronto y de forma inesperada sentimos como si una bomba explotara en nuestro coche, haciéndonos perder el sentido de la orientación y del tiempo-espacio, mientras nos veíamos en milésimas de segundo atrapados y arrastrados por la carretera con el coche volcado por el lado del conductor, en el que, desgraciadamente, me encontraba yo. Los
asientos se habían roto y desplazado hacia atrás por el impacto, por lo que no pude ni siquiera pisar el freno, aunque a duras penas logré agarrar el volante y frenar el coche poco a poco con la mediana de la carretera y girar como pude la llave del contacto que se había roto y quedado dentro. Cuando por fin el coche se paró oí a mi compañero quejarse del dolor y preguntarme como me encontraba… Me dolía inmensamente todo el cuerpo, sobre todo el brazo izquierdo, no me podía mover y solo pensaba que el coche podía salir ardiendo en cualquier momento… Mientras nos preguntábamos qué nos había pasado escuchamos al lejos gritos de dolor y de auxilio de un hombre, por lo que intuimos que nos había alcanzado un coche por detrás en un accidente… y efectivamente, así fue… Nosotros íbamos a una velocidad prudente, no superior a los 75 km/h, no sabemos a que velocidad iria el que nos impactó, con la mala suerte que se despistó y nos alcanzó fuertemente desplazándonos unos 80 metros. Los tres ansiábamos que llegara alguna ayuda lo antes posible, pues no sabíamos de la gravedad de la situación… Pasaron muchos coches, algunos disminuyendo la velocidad para observar descaradamente lo que había ocurrido, pero nadie se dignó en pararse, todos seguían hacia adelante, incurriendo en el delito de omisión del deber de socorro. La situación era desesperada y frustrante, hasta que “voila”, apareció alguien, un hombre cual arcángel enviado por Dios que nos preguntó cómo estábamos y nos tranquilizó en todo momento encargándose de llamar a la Guardia Civil y a la ambulancia. Casualmente, este hombre también era VIGILANTE DE SEGURIDAD, quien tambien se encontraba trabajando yendo en camino contrario al nuestro pero que al ver lo ocurrido no dudó en detener su coche y cruzar la autovía para socorrernos. Pronto llegó la ayuda, médicos y Guardias Civiles que nos atendieron muy bien. Por ello y, como es de buen nacido ser agradecido, quiero agradecer públicamente en primer lugar a ese COMPAÑERO VIGILANTE y en segundo lugar, a esos profesionales que nos asistieron. A día de hoy, aún estoy convaleciente en cama, con dos costillas y algunos ligamentos rotos y la clavícula desplazada hacia detrás, pendiente de ser operado en Sevilla, pero agradecido también a la vida por poderlo contar, pues podría haber sido mucho peor. Esta carta solo tiene una finalidad, denunciar la inhumana actitud de aquellos que pudiendo ayudarnos pasaron de largo y, sobre todo, agradecer enormemente a ese hombre, héroe o ángel que tuvo el buen corazón de pararse a socorrernos. Gracias de corazón y aquí tendrás a un amigo para lo que necesites. Álvaro Pujazón Moreno
Compartir para que llegue a ese compañero
Fuente: https://www.facebook.com/SPVdeCadiz/posts/10209614626590646
asientos se habían roto y desplazado hacia atrás por el impacto, por lo que no pude ni siquiera pisar el freno, aunque a duras penas logré agarrar el volante y frenar el coche poco a poco con la mediana de la carretera y girar como pude la llave del contacto que se había roto y quedado dentro. Cuando por fin el coche se paró oí a mi compañero quejarse del dolor y preguntarme como me encontraba… Me dolía inmensamente todo el cuerpo, sobre todo el brazo izquierdo, no me podía mover y solo pensaba que el coche podía salir ardiendo en cualquier momento… Mientras nos preguntábamos qué nos había pasado escuchamos al lejos gritos de dolor y de auxilio de un hombre, por lo que intuimos que nos había alcanzado un coche por detrás en un accidente… y efectivamente, así fue… Nosotros íbamos a una velocidad prudente, no superior a los 75 km/h, no sabemos a que velocidad iria el que nos impactó, con la mala suerte que se despistó y nos alcanzó fuertemente desplazándonos unos 80 metros. Los tres ansiábamos que llegara alguna ayuda lo antes posible, pues no sabíamos de la gravedad de la situación… Pasaron muchos coches, algunos disminuyendo la velocidad para observar descaradamente lo que había ocurrido, pero nadie se dignó en pararse, todos seguían hacia adelante, incurriendo en el delito de omisión del deber de socorro. La situación era desesperada y frustrante, hasta que “voila”, apareció alguien, un hombre cual arcángel enviado por Dios que nos preguntó cómo estábamos y nos tranquilizó en todo momento encargándose de llamar a la Guardia Civil y a la ambulancia. Casualmente, este hombre también era VIGILANTE DE SEGURIDAD, quien tambien se encontraba trabajando yendo en camino contrario al nuestro pero que al ver lo ocurrido no dudó en detener su coche y cruzar la autovía para socorrernos. Pronto llegó la ayuda, médicos y Guardias Civiles que nos atendieron muy bien. Por ello y, como es de buen nacido ser agradecido, quiero agradecer públicamente en primer lugar a ese COMPAÑERO VIGILANTE y en segundo lugar, a esos profesionales que nos asistieron. A día de hoy, aún estoy convaleciente en cama, con dos costillas y algunos ligamentos rotos y la clavícula desplazada hacia detrás, pendiente de ser operado en Sevilla, pero agradecido también a la vida por poderlo contar, pues podría haber sido mucho peor. Esta carta solo tiene una finalidad, denunciar la inhumana actitud de aquellos que pudiendo ayudarnos pasaron de largo y, sobre todo, agradecer enormemente a ese hombre, héroe o ángel que tuvo el buen corazón de pararse a socorrernos. Gracias de corazón y aquí tendrás a un amigo para lo que necesites. Álvaro Pujazón Moreno
Compartir para que llegue a ese compañero
Fuente: https://www.facebook.com/SPVdeCadiz/posts/10209614626590646
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Un empresario de seguridad despide a sus empleados por denunciar que cobran en 'B'
La Policía asegura que se limitaron a colaborar con la Justicia, que mantiene imputado al dueño de la mercantil por delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública.
El propietario de la empresa de seguridad Viriato, José L. M., despidió el pasado 10 de marzo a dos de sus empleados después de que estos denunciaran ante la Policía Nacional que cobraban en dinero negro las horas extraordinarias que echaban. En sendas cartas remitidas a los ya extrabajadores, la mercantil les comunica a ambos el despido disciplinario y argumenta que se lleva a cabo porque los dos han "transgredido la buena fe contractual". Las misivas aseguran que la sociedad toma esta decisión no por colaborar con la Justicia, sino por "manipular imágenes, documentos y hechos a sabiendas de que así, y a través de la autoridad policial, inferían un grave daño de imagen a la empresa".
El dueño de la mercantil, que se encuentra imputado por el Juzgado número 1 de Molina de Segura (Murcia) por delito contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública gracias al testimonio de estos ahora exempleados, acusa a los trabajadores de mentir en sus declaraciones, que apuntaban a que la compañía les daba "dinero en efectivo en sobres pequeños de color marrón", extremo que la Policía considera confirmado en sus informes, basados en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Cartagena, que captaron a dos vigilantes recibiendo las mencionadas entregas.
La firma considera que las acusaciones de los empleados son falsas, que los sobres marrones los usa para entregar documentación laboral tipo nóminas o registros de jornada, que los testimonios ante la Policía de estos dos trabajadores y de otros estaban planificados con anterioridad, que las imágenes grabadas fueron fruto de un montaje previo y que en ellas no se puede discernir el contenido de los sobres. Todo se ha hecho, según la mercantil, con el fin de "urdir una trama para desprestigiar y hundir a la empresa".
Aprovecha de este modo Viriato para defenderse en el marco del procedimiento judicial que instruye el Juzgado número 1 de Molina de Segura tras la denuncia presentada por el abogado Ismael Franco en nombre del secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Basilio Febles, quien en su escrito encuadra el comportamiento de la mercantil en el marco de los "comportamientos dañinos" que están realizando empresas de seguridad propiciados por la crisis económica.
"Las cuantías de las defraudaciones en una plantilla tan amplia como la de la mercantil denunciada es muy elevada", según el sindicato, que habla de "millones de euros" con base en "otros comportamientos similares" llevados a cabo por firmas parecidas —a las que la organización denomina 'piratas'— que también se encuentran inmersas en procedimientos judiciales. La cantidad exacta que ha defraudado Viriato, sin embargo, aún no está determinada en sede judicial, ya que por el momento no ha habido informe al respecto de la Agencia Tributaria.
El sindicato resalta en su denuncia que las horas extraordinarias que habitualmente echan los más de 600 empleados de esta sociedad y que esta debería abonar como tales, sin embargo, no aparecen reflejadas de este modo, sino que la mercantil las abona "en sobre en metálico y en dinero B". En algunos casos, continúa, "se pagan como horas ordinarias", comportamientos que son de sobra conocidos por quienes integran la plantilla e incluso "por la administración pública competente" debido a las actas de infracción que ante esta se presentan.
La Policía, por su parte, tras escuchar una docena de declaraciones de empleados de la compañía, concluyó que eran ciertos los hechos denunciados, que la empresa defraudó a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública mediante el abono de horas ordinarias y extraordinarias fuera de nómina, que pagó dietas, kilometraje y otros conceptos no salariales del mismo modo y que para calcular el montante total desviado era necesario averiguar el volumen de la empresa en facturación o número de empleados, sus movimientos bancarios y la plantilla que ha sido contratada desde 2011, diligencias que actualmente se encuentran en trámite.
Añade además la Policía en sus informes que las destituciones de los dos empleados citados no habrían sido las únicas que tendrían que ver con la investigación. "Se puede llegar a la conclusión de que el despido de J. M. L. P. viene motivado por la entrega de las imágenes a la Policía, únicamente por dar obligado cumplimiento al mandamiento judicial" relativo a la entrega de las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Cartagena, resaltan los investigadores, que destacan también que, tras conocer que había una investigación abierta, la empresa puso dos profesionales más en el recinto para evitar el pago de horas extra. Esto último, a juicio de los agentes, "denota el conocimiento expreso por parte del dueño de la mercantil de que ha estado cometiendo defraudaciones" ocultando este concepto.
La Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional deja la puerta abierta a que Viriato —que opera principalmente en la Comunidad Valenciana y Murcia— pueda haber incurrido también en un delito contra los derechos de los trabajadores "por las condiciones infrahumanas de trabajo" a las que fueron sometidos algunos trabajadores, como J. M. T., quien cobró 97 euros al mes por 350 horas de trabajo, o J. A. G., a quien la empresa habría forzado a firmar un documento en el que constaba que él se negaba a realizar un reconocimiento médico.
El dueño de la mercantil, que se encuentra imputado por el Juzgado número 1 de Molina de Segura (Murcia) por delito contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública gracias al testimonio de estos ahora exempleados, acusa a los trabajadores de mentir en sus declaraciones, que apuntaban a que la compañía les daba "dinero en efectivo en sobres pequeños de color marrón", extremo que la Policía considera confirmado en sus informes, basados en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Cartagena, que captaron a dos vigilantes recibiendo las mencionadas entregas.
Entre 60 y hasta 500 euros
Las imágenes, concluye la Policía, "corroboran" que el pago en negro se realiza en este recinto en los citados sobres, que cuentan con una pegatina blanca donde se reflejan el nombre, los apellidos y la cantidad a percibir por el vigilante en concepto de horas extra, que fluctuaba según el mes. En concreto, se situaba entre los 60 euros de las épocas en las que menos horas extras hacían los empleados hasta los 500 que en ocasiones recibían en verano, cuando por necesidades del servicio tenían que trabajar más tiempo.La firma considera que las acusaciones de los empleados son falsas, que los sobres marrones los usa para entregar documentación laboral tipo nóminas o registros de jornada, que los testimonios ante la Policía de estos dos trabajadores y de otros estaban planificados con anterioridad, que las imágenes grabadas fueron fruto de un montaje previo y que en ellas no se puede discernir el contenido de los sobres. Todo se ha hecho, según la mercantil, con el fin de "urdir una trama para desprestigiar y hundir a la empresa".
Aprovecha de este modo Viriato para defenderse en el marco del procedimiento judicial que instruye el Juzgado número 1 de Molina de Segura tras la denuncia presentada por el abogado Ismael Franco en nombre del secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Basilio Febles, quien en su escrito encuadra el comportamiento de la mercantil en el marco de los "comportamientos dañinos" que están realizando empresas de seguridad propiciados por la crisis económica.
"Las cuantías de las defraudaciones en una plantilla tan amplia como la de la mercantil denunciada es muy elevada", según el sindicato, que habla de "millones de euros" con base en "otros comportamientos similares" llevados a cabo por firmas parecidas —a las que la organización denomina 'piratas'— que también se encuentran inmersas en procedimientos judiciales. La cantidad exacta que ha defraudado Viriato, sin embargo, aún no está determinada en sede judicial, ya que por el momento no ha habido informe al respecto de la Agencia Tributaria.
El sindicato resalta en su denuncia que las horas extraordinarias que habitualmente echan los más de 600 empleados de esta sociedad y que esta debería abonar como tales, sin embargo, no aparecen reflejadas de este modo, sino que la mercantil las abona "en sobre en metálico y en dinero B". En algunos casos, continúa, "se pagan como horas ordinarias", comportamientos que son de sobra conocidos por quienes integran la plantilla e incluso "por la administración pública competente" debido a las actas de infracción que ante esta se presentan.
Cuadrantes de servicio
Para demostrar sus acusaciones, además de las declaraciones de los dos empleados mencionados y las imágenes grabadas, el sindicato ha presentado los cuadrantes de servicio que vendrían a reflejar las horas trabajadas realmente por el personal y las mencionadas grabaciones. Según estas pruebas, argumenta el denunciante, Viriato estaría pagando en 'B' las horas extra en los citados sobres marrones, y los empleados a cambio estarían firmando un recibí sin copia para ellos desde 2009 hasta al menos el momento en que se presentó la demanda, que fue mayo de 2015.La Policía, por su parte, tras escuchar una docena de declaraciones de empleados de la compañía, concluyó que eran ciertos los hechos denunciados, que la empresa defraudó a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública mediante el abono de horas ordinarias y extraordinarias fuera de nómina, que pagó dietas, kilometraje y otros conceptos no salariales del mismo modo y que para calcular el montante total desviado era necesario averiguar el volumen de la empresa en facturación o número de empleados, sus movimientos bancarios y la plantilla que ha sido contratada desde 2011, diligencias que actualmente se encuentran en trámite.
Añade además la Policía en sus informes que las destituciones de los dos empleados citados no habrían sido las únicas que tendrían que ver con la investigación. "Se puede llegar a la conclusión de que el despido de J. M. L. P. viene motivado por la entrega de las imágenes a la Policía, únicamente por dar obligado cumplimiento al mandamiento judicial" relativo a la entrega de las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Cartagena, resaltan los investigadores, que destacan también que, tras conocer que había una investigación abierta, la empresa puso dos profesionales más en el recinto para evitar el pago de horas extra. Esto último, a juicio de los agentes, "denota el conocimiento expreso por parte del dueño de la mercantil de que ha estado cometiendo defraudaciones" ocultando este concepto.
La Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional deja la puerta abierta a que Viriato —que opera principalmente en la Comunidad Valenciana y Murcia— pueda haber incurrido también en un delito contra los derechos de los trabajadores "por las condiciones infrahumanas de trabajo" a las que fueron sometidos algunos trabajadores, como J. M. T., quien cobró 97 euros al mes por 350 horas de trabajo, o J. A. G., a quien la empresa habría forzado a firmar un documento en el que constaba que él se negaba a realizar un reconocimiento médico.
Fuente: http://www.elconfidencial.com
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domingo, 16 de abril de 2017
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Los guardias civiles denuncian un “derroche” de 115 millones al privatizar la seguridad penitenciaria
La Asociación Unificada de Guardias Civiles propone a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado iniciativas para que no se renueve el contrato a las empresas adjudicatarias.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia hoy el “gasto innecesario” que supone la privatización de la seguridad penitencia e informa que “sumando todos los contratos sucesivos incluido el de 2017, desde que se inició el proceso privatizador en mayo de 2013 son ya más de 115 millones de euros de dinero público derrochados en beneficio de las empresas de seguridad privada, por unos servicios absolutamente innecesarios y duplicados”.
Explica esta asociación profesional del Instituto Armado que “la segunda fase del contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios se desarrolló durante dos años, entre octubre de 2014 y septiembre de 2016, con un coste de más de 66 millones de euros, y en enero de 2017 ha empezado la tercera fase, aprobada por el Gobierno en pleno agosto y cuando se encontraba en funciones, con un coste superior a los 34 millones”.
Señala la AUGC que dado que “en ningún momento se había informado sobre el coste que han tenido los tres meses durante los que se prorrogó automáticamente el contrato de la segunda fase solicitó esa información a través del portal de transparencia, y el Ministerio del Interior ha contestado que durante octubre, noviembre y diciembre de 2016 la seguridad privada supuso un gasto adicional de 7.791.151 euros”. Por lo que calcula que desde que se inició el proceso privatizador en mayo de 2013 ya se han destinado de 115 millones de euros de dinero público a este proceso privatizador.
Informa AUGC que también ha preguntado por qué se han adjudicado a la empresa OMBUDS tres de los cuatro lotes que componen el nuevo contrato iniciado en enero de este año –27 de los 34 millones–, y dice que el Ministerio del Interior ha contestado que “la adjudicación de cada uno de los lotes se realizó al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para la Administración”. Por lo que pregunta “a qué se debe el cambio de criterio del Gobierno”, ya que cuando se inició la segunda fase el Consejo de Ministros dijo que “el contrato se estructura en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato, de tal manera que cada lote se adjudique a un licitador diferente”.
AUGC afirma en un comunicado que “es inaceptable que se prolongue una medida privatizadora cuyo único fin es el enriquecimiento de los propietarios de las empresas de seguridad privada, puesto que los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones ínfimas en comparación con la jugosa cuantía del contrato”.
Recordando que “desde su inicio, este proceso privatizador ha concitado el rechazo total de guardias civiles, policías, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, organizaciones sindicales, partidos políticos y la mayor parte de la sociedad, sobre todo porque es absolutamente innecesario, ya que los vigilantes y los guardias civiles y policías están desempeñando los mismos cometidos de modo duplicado”.
Por ello, esta asociación afirma estar trasladando a los grupos parlamentarios “su propuesta para que se adopten iniciativas en el Congreso y Senado orientadas a que el actual contrato no sea renovado cuando finalice” al considerar que “es responsabilidad de los representantes parlamentarios atajar la privatización de la seguridad pública que se ha iniciado por los centros penitenciarios, pero que sin duda se extenderá a otros ámbitos si no existe un firme rechazo social y político”.
Señala la AUGC que dado que “en ningún momento se había informado sobre el coste que han tenido los tres meses durante los que se prorrogó automáticamente el contrato de la segunda fase solicitó esa información a través del portal de transparencia, y el Ministerio del Interior ha contestado que durante octubre, noviembre y diciembre de 2016 la seguridad privada supuso un gasto adicional de 7.791.151 euros”. Por lo que calcula que desde que se inició el proceso privatizador en mayo de 2013 ya se han destinado de 115 millones de euros de dinero público a este proceso privatizador.
Informa AUGC que también ha preguntado por qué se han adjudicado a la empresa OMBUDS tres de los cuatro lotes que componen el nuevo contrato iniciado en enero de este año –27 de los 34 millones–, y dice que el Ministerio del Interior ha contestado que “la adjudicación de cada uno de los lotes se realizó al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para la Administración”. Por lo que pregunta “a qué se debe el cambio de criterio del Gobierno”, ya que cuando se inició la segunda fase el Consejo de Ministros dijo que “el contrato se estructura en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato, de tal manera que cada lote se adjudique a un licitador diferente”.
AUGC afirma en un comunicado que “es inaceptable que se prolongue una medida privatizadora cuyo único fin es el enriquecimiento de los propietarios de las empresas de seguridad privada, puesto que los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones ínfimas en comparación con la jugosa cuantía del contrato”.
Recordando que “desde su inicio, este proceso privatizador ha concitado el rechazo total de guardias civiles, policías, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, organizaciones sindicales, partidos políticos y la mayor parte de la sociedad, sobre todo porque es absolutamente innecesario, ya que los vigilantes y los guardias civiles y policías están desempeñando los mismos cometidos de modo duplicado”.
Por ello, esta asociación afirma estar trasladando a los grupos parlamentarios “su propuesta para que se adopten iniciativas en el Congreso y Senado orientadas a que el actual contrato no sea renovado cuando finalice” al considerar que “es responsabilidad de los representantes parlamentarios atajar la privatización de la seguridad pública que se ha iniciado por los centros penitenciarios, pero que sin duda se extenderá a otros ámbitos si no existe un firme rechazo social y político”.
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