Las detenciones de varios sindicalistas la semana pasada en la Operación
Heracles II dentro de la investigación por el fraude de los ERE en Andalucía ya
tiene sus primeras consecuencias para las dos centrales mayoritarias. La juez
Mercedes Alaya impuso ayer sendas fianzas de 251.000 euros al actual secretario
general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros al exresponsable de
la Federación Minerometalúrgica de CCOO Andalucía entre 1991 y 2009, Roberto
Carmona. Los dos sindicatos como tales son además responsables civiles
subsidiarios de ese montante, según los autos emitidos ayer por la magistrada.
UGT-A
devolverá a la Junta de Andalucía el importe de las facturas "no
válidas"
Estas son las cantidades que ambos sindicatos cobraron de Uniter, la
intermediaria en varios ERE en distintas minas de la Faja Pirítica de Huelva que
se financiaron con dinero público a principios de siglo. En total, la Guardia
Civil ha apuntado a que CCOO y UGT cobraron 7,6 millones por su participación en
los ERE que se están investigando, dinero que procedió de las sobrecomisiones
pagadas por la Junta a dos intermediarias -Uniter y Vitalia-.
Los conceptos por los que ambos sindicatos recibieron ese dinero no están
claros. La juez preguntó a Mera durante su declaración si las reuniones,
concentraciones y elaboraciones del censo actuarial de trabajadores que se
prejubilaban -conceptos con los que los sindicalistas trataron de explicar la
exigencia y recepción de ese dinero- no eran en sí mismos cometidos sindicales
intrínsecos. Por los que no cabría pedir pago alguno. Mera, de UGT, reconoció
que sí.
Acusados de malversación
Alaya dice en sus autos que ninguno de esos conceptos "respondieron a gastos
necesarios soportados realmente" por los sindicatos. Y acusa por ello a esos
dos sindicalistas de malversación. También impone fianza de 531.000 euros a
Ángel Quesada, empresario de Málaga, por haber acordado con el sindicalista de
UGT Juan Lanzas -principal conseguidor de los ERE- pagos de 400.000 euros a
cambio de que la Junta financiara 55 despidos en uno de sus hoteles en 2004.
Igualmente, imputa cohecho, tráfico de influencias y malversación al exnúmero 2
de CCOO en Córdoba, Francisco Casado, por su papel en otro ERE.
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