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viernes, 25 de noviembre de 2016

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Los vigilantes del Centro Comercial Puerta Europa se concentran para pedir el cobro de sus salarios


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El alto tribunal anula el convenio de Grupo Control Seguridad

Los jueces podrán tumbar un convenio firmado sólo en la central.
El alto tribunal anula el convenio de Grupo Control Seguridad porque lo firmó el comité del centro de Madrid y la empresa pretendía aplicarlo al resto de delegaciones. Se utilizará el sectorial en su defecto. El TribunalSupremo (TS) restringe la aplicación del convenio colectivo de empresa.En una sentencia, ha anulado el convenio de Grupo Control Seguridad porque lo firmó el comité del centro de Madrid y la empresa pretendía aplicarlo al resto de delegaciones. Este fallo afecta a una práctica extendida en compañías con varias delegaciones y se suma a otro del pasado lunes del TS contrario también a la empresa, que confirmó la vigencia del convenio de Tragsa a pesar de que la reforma laboral impediría que siga en vigor.
En el caso que afecta a Grupo Control Seguridad, empresa que presta servicios de vigilancia, instalación de alarmas, guardaespaldas y cuenta con implantación en todo el territorio nacional, los hechos se remontan a 2014, cuando la empresa comunicó al comité provincial de Madrid su intención de firmar un convenio colectivo que afectara a los trabajadores en la Comunidad de Madrid. El periodo de negociación concluyó con el acuerdo entre la empresa y CSIF, mientras que UGT y USO decidieron no firmarlo, pero se aprobó por mayoría en octubre de 2014 y se publicó en el Boletín de la Comunidad de Madrid (Bocam), con vigencia desde enero de 2014 a diciembre de 2017.
El convenio rubricado en Madrid también se publicó en el BOP de Almería con la pretendida afectación a la delegación de la citada provincia y fue impugnado.
UGT y USO interpusieron demanda ante el TribunalSuperior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que solicitaban que se declarara nulo el convenio o, subsidiariamente, que se declarasen nulos los artículos que entraran en concurrencia con el sectorial estatal de empresas de seguridad.
El TSJM estimó la demanda y declaró la inaplicación de los artículos que entraban en conflicto con el convenio estatal (publicado en el BOE el 25 de abril de 2013, con vigencia entre enero de 2012 y 31 de diciembre de 2014 y que fue prorrogado íntegramente hasta su sustitución por otro).

Prioridad aplicativa

Según el artículo 84.2 delEstatuto de los Trabajadores (ET), el convenio de empresa tiene prioridad aplicativa respecto al sectorial en lo que se refiere a las materias expresamente concernidas. Lo que ocurre, aclara elTS, es que el ámbito acordado se circunscribe exclusivamente a los trabajadores de la empresa en laComunidad de Madrid, cuando la compañía extiende su actividad y sus relaciones laborales a otras zonas. "Con tales premisas se hace imposible afirmar que el convenio colectivo pueda ser calificado como de empresa, ya que su ámbito de afectación es obviamente inferior", dice la sentencia, que entiende que no cabe aplicar la prioridad aplicativa que se establece en el citado artículo delET, "la cual sólo se impone respecto del convenio de empresa o del convenio colectivo de grupo o de empresas vinculadas", una particularidad que no sería extensible a los de ámbito inferior.
De los apartados 1 y 2 del artículo 84 delEstatuto de los Trabajadores se desprende que la prioridad aplicativa del convenio de empresa actúa como excepción a la regla general y como tal excepción ha de ser interpretado.
El TSJM estableció que "el convenio impugnado, pese a su denominación, se circunscribía a las relaciones laborales de los trabajadores de la Comunidad de Madrid y puesto que la empresa desarrolla actividad en otras zonas del territorio nacional, no puede calificarse de norma de empresa, sino de ámbito inferior a la misma". A juicio delSupremo, "ningún reproche de legalidad cabría achacarle al convenio impugnado si su ámbito fuera efectivamente el de la empresa".
Carmen Torres, asociada sénior de Simmons & Simmons, cree que "la decisión del Supremo es intachable desde un punto de vista legal, por cuanto es evidente que un convenio colectivo negociado con el comité de empresa de un centro de trabajo (cuando la compañía tiene implantación en gran parte del territorio nacional) no puede pretender conformarse como un convenio de empresa a los efectos del art. 84.2 del ET.
La interpretación restrictiva del artículo que realiza el Tribunal es coherente con la condición de excepción de este apartado con respecto a la regla general de no afectación de un convenio vigente, y constituye un nuevo espaldarazo al papel de los sindicatos en la negociación colectiva".

La 'batalla' de los convenios


  • La reforma laboral prioriza el convenio de empresa sobre el sectorial y estipula que durante la vigencia de uno las empresas pueden, previa consulta a los trabajadores, desvincularse del colectivo que estuviese en vigor, si concurren causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. A partir de julio de 2013, fecha en la que la reforma laboral estipula que caducaba la ultraactividad de los convenios, es decir, su prolongación automática, se empezaron a suceder sentencias en contra. Como una de 28 de octubre de 2013 del TSJ de Murcia, que reconoció que "la prórroga y ultraactividad no puede darse por extinguida basándose en la nueva redacción del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores de la reforma laboral ya que la norma tiene carácter supletorio frente a lo pactado en el convenio".
  • El Tribunal Supremo, en Pleno, en una sentencia del 17 de diciembre de 2014, reconoció la vigencia del convenio vencido. En principio, aceptó que el anterior había perdido vigencia, pero como no había uno de ámbito superior aplicable, para resolver el caso, defendió una tesis conservacionista del efecto del convenio fenecido.
  • El Supremo confirmó el lunes la vigencia del convenio de Tragsa, que la empresa quería anular acogiéndose a la reforma laboral.
Fuente: http://www.expansion.com
 
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miércoles, 23 de noviembre de 2016

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Prestación por maternidad exenta del IRPF

Según Hacienda, la prestación por maternidad no está exenta y, por lo tanto, tributa como ingresos en el IRPF. Ese es su criterio reiterado. De hecho, en 2013 la Agencia Tributaria emitió una nota en la que negaba la exención fiscal de la prestación por maternidad, que sigue considerando a día de hoy como rendimientos del trabajo.

¿Pero hemos de hacer caso de lo que nos dice Hacienda sobre la no exención de la prestación por maternidad?

NUNCA hay que darle una total credibilidad a lo que diga Hacienda. Hacienda es un ente manipulador con cara amiga, pero en definitiva, no es más que un lobo con piel de cordero. A la mínima que uno se descuide, lo engañará, o le robará.

Volviendo al tema de la prestación por maternidad, estamos de enhorabuena porque acaba de publicarse una sentencia que desbarata los planes de apropiación indebida de Hacienda. Todavía es una sentencia solitaria y que no genera jurisprudencia, pero lo que hay que hacer ahora es reclamar todos aquellos casos no prescritos (que tengan una antigüedad de menos de cuatro años). Si se consigue que otros tribunales se adhieran a este criterio, se acabará generando jurisprudencia.

Ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que ha declarado exenta de IRPF la prestación por maternidad de una mujer y ha obligado a su íntegra devolución (más de tres mil euros).

¿Ha recibido prestación por maternidad en los últimos cuatro años? Si es así, esto es lo que debe hacer:

1.- Presente en Hacienda una declaración rectificativa de la renta o rentas afectadas y solicite la devolución de lo ingresado indebidamante, más los intereses de demora que correspondan según el tiempo transcurrido.

2.- Como Hacienda seguirá negando la evidencia, lo normal es que no acepte su solicitud y le diga cualquier tontería. Cuando se la denieguen, presente reclamación en el Tribunal Económico Administrativo que no requiere abogado ni procurador.

3.- Es muy probable que este tribunal también le deniegue la devolución. NO DUDE EN ACUDIR al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad. Ahí es donde tendrá las mayores probabilidades de éxito. Búsquese un abogado.

Esto es un ejemplo más de que Hacienda nos roba a la menor ocasión. Hay que plantarles cara.

¡Suerte!

Fuente:   Ramón Cerdá

 
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miércoles, 16 de noviembre de 2016

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La CNMC multará a Prosegur con casi 40 millones de euros

La CNMC acusa de cártel a Prosegur y deja tocada la salida a bolsa de su filial de 'cash'
La CNMC multará a Prosegur con casi 40 millones de euros y a Loomis (Grupo Securitas) con seis por concertar precios en el sector de transporte y manipulación de efectivo.
 
La CNMC no descansa en su lucha a brazo partido contra los múltiples cárteles que operan en los diferentes sectores de actividad económica. Esta vez le ha llegado el turno a Prosegur, la multinacional española líder en el mercado de la seguridad, que será sancionada en los próximos días por concertar precios con su teórico rival Loomis, empresa del Grupo Securitas. El organismo regulador dio cuenta en abril del pasado año de un expediente sancionador incoado a estas dos compañías, al disponer de indicios sobre eventuales prácticas anticompetitivas llevadas a cabo de manera prolongada entre 2008 y 2015 dentro del negocio del transporte y manipulación de fondos.
Las multas que maneja la entidad que encabeza José María Marín Quemada ascienden a más de 46 millones de euros, si bien la palma se la lleva Prosegur, con cerca de 40 millones. Loomis tendrá que hacer frente a otros seis millones. El varapalo cobra mayor significación si se tiene en cuenta que el grupo presidido por Helena Revoredo acaba de anunciar hace unas semanas sus planes para sacar a bolsa la filial de Cash, precisamente la que viene siendo señalada directamente por las investigaciones de las autoridades de competencia desde hace más de un año. Al mismo tiempo, el expediente del organismo regulador contempla multas personales por un importe conjunto de 50.000 euros para el director de Logística, Valores y Gestión Efectivo de Prosegur, J. L. I., y el director comercial de Loomis, J. M. M.
Foto: Prosegur.
Foto: Prosegur.
La nueva resolución en ciernes de la CNMC deriva de una denuncia presentada a instancias de determinados clientes que se sentían damnificados por las típicas prácticas ilícitas fundamentadas básicamente en una descarada concertación de precios. Una conducta tipificada dentro de la lucha contra los cárteles que el ‘supervisor mayor del Reino’ está llevando a cabo desde su creación hace poco más de tres años. El nuevo regulador único se ha demostrado especialmente eficaz en esta tarea, y solo en 2015 llevó a cabo el desmantelamiento de 14 cárteles en un año récord que se saldó con multas totales por importe de 500 millones de euros.
En el sector del transporte y manipulación de fondos, la CNMC considera que existe un oligopolio de hecho, derivado del fuerte proceso de consolidación protagonizado por esta industria en los últimos años. La autoridad española de la Competencia entiende que realmente Prosegur y Loomis son las dos únicas empresas con capacidad operativa a nivel nacional, ya que el resto de agentes actúan en sus propias demarcaciones locales y se reducen en todo caso a sendas compañías especializadas en las comunidades autónomas de Baleares y Canarias, respectivamente. Bajo estas condiciones, la posibilidad de incurrir en prácticas colusorias constituye una tentación irresistible que solo puede ser reprimida con una estricta política sancionadora.

La sanción incluirá además una multa conjunta de 50.000 euros para el director de Logística y Valores de Prosegur y para el director comercial de Loomis.
La CNMC ha analizado en el expediente los intentos baldíos que han efectuado algunos de los mayores clientes para forzar una mayor concurrencia en lo que se considera un mercado cautivo de Prosegur y Loomis. El regulador considera que la falta de transparencia en la contratación pública constituye en este apartado un obstáculo añadido a la hora de ampliar la competencia, ya que buena parte de las empresas que necesitan servicios especializados de seguridad son compañías estatales del sector ferroviario, en especial, Renfe, Metro de Madrid y Metro de Barcelona. Junto a estas, figuran también en la lista de damnificados las principales entidades financieras del país y algunos de los grandes grupos de distribución, como El Corte Inglés, Mercadona, Lidl y Aldi.
Foto: Prosegur.
Foto: Prosegur.
La tarea de investigación llevada a cabo por los inspectores de la CNMC ha puesto de manifiesto los contactos mantenidos por los citados directivos de las dos empresas de seguridad para demostrar una evidente concertación de precios. Fuentes del sector admiten que Prosegur reclamó en su momento la denominada ‘terminación convencional’ de la investigación, con el fin de llegar a un pacto con el regulador que finalmente fue rechazado por la CNMC. La multa se va a producir en un muy mal momento, dada la estrategia de desarrollo corporativo anunciada por la compañía a finales de septiembre. Prosegur se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración societaria encaminado a transformar el modelo de gestión por países en un modelo de gestión por negocio. Este cambio ha dado lugar a la creación de tres divisiones orientadas a seguridad, alarmas y 'cash'.
El plan de la multinacional incluye la opción de sacar a bolsa durante el primer semestre de 2017 una participación minoritaria, hasta un 30%, del negocio de transporte y manipulación de efectivo, que constituye un 45% de la facturación total del Grupo Prosegur. La operación está supeditada a las circunstancias del mercado bursátil, pero los bancos colocadores deberán tener ahora también muy en cuenta la próxima multa de la CNMC y los eventuales efectos que puedan derivarse para la imagen y reputación de la compañía en los mercados de capitales.

Fuente:  http://www.elconfidencial.com
 
 
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